Hay
que estudiar bien el caso del fiscal que estuvo estrechamente
relacionado con Oderbrecht y trabajó para Luis Carlos Sarmiento, el
banquero que se autoprestó parte de los fondos de los
pensionados que administra, para las " famosas" carreteras
4G quien es codueño de Coviandes la empresa responsable de la
caída del puente Chirajara en el Meta.
Inmediatamente
empezó a levantar cortinas de humo para solapar el escándalo
buscando distraer a la opinión pública nacional y generar
credibilidad a la la ultraderecha del senado estaudinense entablando
la denuncia a los comerciantes de apellido Mora Urrea aduciendo que
son testaferros de un grupo guerrillero.
Ahora
que se sabe sobre la inocencia de esa gente, se desconoce quién
vaya a pagar los daños de miles de millones de pesos causados por
saqueos de los supermercados que fueron confiscados y del robo de los
mismos. Y como siempre lo pagaremos con los impuestos.
Hubo
un pronunciamiento del procurador que sustituyó a Malagón, quien
renunció y con quien coincide con su antecesor de que hay que
trabajar no estando ceñidos por los criterios de alta jerarquía de
la fiscalía porque se debe ser objetivos e independientes.
Lo
mismo lo que significa la caída del puente Chirajara ante lo cual
se han quedado callados sobre las implicaciones jurídicas sobre la
ineficacia de los entes de control como el ANLA como la
irresponsabilidad al haber creado la anterior vicepresidencia las
famosas Licencias Express y sobre la reposición del dinero de los
Fondos de pensionados por parte de la AFP el Porvenir de propiedad de
Luis Carlos Sarmiento Angulo, el mismo dueño de Coviandes la cosocia
de Abertis la empresa española de Florentino Pérez dueño del Real
Madrid, de Comnsa ( la del escándalo de la autopista al Magdalena
Medio en el ’97 ) y de Sacyr empresa que se caracteriza por los
atrasos e incumplimientos del mismo personaje en la carretera del
Sol, el Puente Pumarejo, Rumichaca, y otros haciendo que se
reconfiguren los contratos y así ganar dinero a costas del erario
público y del gran daño que realizan sin estudios serios de
prefactibilidad y factibilidad para muchos proyectos como el de
Infraestructura delinquiendo al sobrepasar por encima de corredores
biológicos, cementerios indígenas y otros. Vale traer a colación
la declaración ante los medios de Santiago Montenegro sobre la
pérdida del fondo de pensiones por la cuantía de $4.7 billones de
pesos. ¡ quien lo pagara?
El
Fiscal general de la nación cohonesta por omisión ante lo del
derrame del Lizama y la contaminación del complejo de ciénagas en
el Magdalena medio que es donde desovan los peces que efluvian por
el Magdalena y se devuelven para la subiénda hasta Honda en Semana
Santa atentando ello contra el derecho de la alimentación de los
pueblos y el corredor de migración de peces.
A lo
largo del periodo que lleva como Fiscal General, Martinez no se ha
pronunciado contra proyectos depredatorios agroindustriales en la
Orinoquía.
Como
tampoco contra los monocultivos en Barichara dizque con fines
medicinales que contaminarán las aguas que irán a parar cerca de la
Ciénaga de Zapatoca.
Nula
su gestión frente a proyectos de la hidroeléctricas como los de la
de Puerta del Sol, Puerto Rico Caquetá, hidrosogamoso e hidroituango
planeadas por la Comité asesor de planeamiento de transmisión por
las empresas extranjeras y nacionales privadas con fines estratégicos
exclusivamente para sus intereses, mucho más a sabiendas de que 'la
Amazonia NO se toca'. y de que ha sido declarada como sujeto de
derechos.
Para
nada ha interpuesto objeciones por el nuevo proyecto de Ley
auspiciado por Efrain Cepeda el presidente del Senado para cubrir la
conectividad entre Putumayo, Puerto Leguizamo y Leticia, mucho menos
ante los desmanes en Ituango y zonas aledañas por parte de EPM con
el proyecto Hidroituango para atentar contra la soberanía
energética, ni ha intermediado para cancelar el contrato con la
Xtrata y la BHP Billinton cosocios en Cerromatoso en donde
inexplicablemente hasta el 2013 han operado sin Licencia
ambiental hecho que implica la ausencia de estudios serios
biohidrogeomorfológicos pues no hay estudios de prefactibilidad ni
factibilidad y a través del AUTO 432 del 6 de junio del 2001 el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial declaró
que el proyecto electrico localizado en Antioquia NO REQUERÍA
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS y fijó los términos de
referencia para la realización del estudio de imṕácto ambiental,
además de un agravante : No se realizo niguna Consulta Previa porque
radicaron un documento en donde se decía que en dicho territorio no
habitaba ninguna comunidad indigena entonces seinicio el proyecto
sin las correspondientes Consultas Previas.
La
Corte Constitucional en Marzo del presente año estableció que la
licencia ambiental de Cerro Matoso no se ajusta a lo estándares
constitucionales de protección al medio ambiente.
La
pregunta sobre la represa de Ituango es: ¿ para dónde va la energía
que producirá dicha hidroeléctrica ante las inconsistencias y la
violación no solo de la “responsabilidad” social sino las
afectaciones causadas en el territorio y las comunidades cuyo precio
no corresponde de ninguna manera a la suma tan pírrica de US400
millones de dólares ? Como es posible que el modelo mineroenergético
esté acorde para la demanda corporativa de capitales golondrinos (
de paso ) uno para la autosuficiencia energética que cubra las
necesidades de las comunidades, y la industria ?
¿Qué
está haciendo para coaccionar a la Agencia Nacional del Estado para
que se ponga al frente ante los delitos de Electricaribe, la empresa
el Canal Isabel II, por el Quimbo, La Colosa y cantidades de
petroleras que han causado alteraciones estructurales a lo largo y
ancho de la mayoría de los territorios como en el caso de Sinochem y
la Emerad Energy en el Caquetá, ni ha hecho seguimiento al proyecto
del Cerrejón que está causando un etnocidio y ha atentado no solo
con los derechos de los trabajadores por las condiciones laborales
ausentes de un sustrato de equipamientos que garanticen la dignidad
de los mismos dentro de la minas.?
Tampoco
ha denunciado a los superintedentes que ha delinquido por abuso de
confianza ante el caso de Electricaribe y cuya dueña es Fenosa y la
petrolera Repsol.
¿A
quién ha demandado por las extralimitaciones de la fuerza pública y
concierto para delinquir de parte del alcalde de Guamal para
garantizar los derechos fundamentales de las comunidades frente al
proyecto Trogon I en Guamal Meta?
¿...
como tampoco por la introducción de carros de alto tonelaje al
territorio amazónico a través de las carreteras de la selva
caquetence hacia San Vicente del Caguan? ni para revisar los daños
ya causados en los campos de agua de la zona de influencia de dicho
proyecto como también en el Putumayo?
Estos
proyectos que tanto pregonan como "progreso" y "desarrollo"
son el de saqueo a bajos costos de inversión (además)de los
recursos naturales o Bienes Comunes nuestros.
Estos
carruseles de corrupción legislativo-jurídico-financiero hacen
lobby a través de una clase política que carece de un sentido de
pertenencia, capacidad y sentido de solidaridad con las comunidades e
instinto de protección con todo lo que nos rodea, nos solaza y nos
garantiza la pervivencia de todo lo que late y respira en
nuestro país
Dicha
planeación energética nacional la realizan representantes
pertenecientes a estas empresas y las de distribución como
Electricaribe que se ha robado miles de millones de pesos por
incumplimientos en la costa atlántica y bajo la aquiescencia del
superintendente de Servicios domiciliarios y el “flamante”
ministro de Hacienda.
Esta
Comisión Nacional compuesta por delegados corporativos de empresas
es la que en última instancia diseñan el mapa energético compuesto
por la cadena de presas, represas de embalses y a filo de agua, como
también la de las redes de interconexión eléctrica exclusivamente
en su 80 % de su potencial para sus planes extractivos sustrayendo el
derecho de las comunidades a decidir y a planificar desde ellas
mismas cual es la mejor opción para sus propios territorios en la
práctica.
Modelo
mineroenergético que daña y transvasa ( desvia) ríos, desplazando
comunidades y generando violencia, hambre y tristezas protegiendo
bajo la impunidad bajo el discurso simplista de la " seguridad"
juridica e inversionista a empresas que violan la Constitución y
otras como en el caso de petroleras entre ellas
¿Cuál
es la gestión jurídica de Humberto Marínez ante la
constricción electoral de la Consulta de Granada en donde debería
haber judicializado al Registrador Nacional y al Ministro de Hacienda
Mauricio Cárdenas? a quien no le ha interpuesto una demanda por
desacato ante el fallo del Tribunal Administrativo del Quindío en
donde se le ordena girar los dineros para la Consulta Popular de
Córdoba?
¿Dónde
ha realizado un seguimiento de control jurídico sobre las empresas
que violan la Constitución y otras como en el caso de
petroleras entre ellas Ecopetrol que causa daños irreparables en
Colombia a partir de la sísmica para estudios de exploración y con
proyectos de explotación?
En
el caso del Lizama Ecopetrol no cuenta como pagar el. verdadero costo
q implica haber contaminado quebradas, ríos, ciénagas y parcelas
atentando contra la Seguridad Alimentaria de la población que es un
derecho fundamental, la salud, el derecho a la historia, a la memoria
personal, familiar y comunitaria dentro del mismo territorio y, con
respecto a dichos planes de interconexión eléctrica nacional en
Colombia y en el extranjero no están diseñados para cubrir las
necesidades de las comunidades rurales o campesinas que son las que
trabajan la tierra y producen el sagrado alimento para los pueblos
sino para los pozos petroleros, o grandes proyectos mineros como el
de Cerromatoso por parte de Hidroituango, el Quimbo para el fracking
en el Huila, el de Puerto Rico para los del Caquetá desconociendo el
pronunciamiento de la Corte Suprema al declarar a la Amazonia como
Sujeto de Derechos y que ante lo a esta pasando en el Caquetá y el
Lizama el " flamante" Fiscal general Humberto Martínez no
dice ni hace nada .
Basta
observar que al otro día del pronunciamiento del fallo de la Corte
Suprema de justicia se registraron el paso de carros pesados de más
de 4.500 Kgs siendo ello un directo atentado contra los ecosistemas
amazónicos.
Hay
que ejercer el control social y político sobre los entes
territoriales que junto a las empresas que pertenecen a la cadena de
suministros de las empresas petroleras en el Caquetá y especialmente
en San Vicente del Caguán por desacato y violar las normas jurídicas
desconociendo además los convenios internacionales.
Partamos
de que los suelos frágiles del amazonas no soportan la recarga
ejercida por el peso del parque automotor y los equipos requeridos
para la explotación de hidrocarburos. Los derechos fundamentales no
pueden estar suscritos a los recursos económicos en aras de un
supuesto desarrollo que entre todas las cosas no compensa el daño
irreverente del deterioro del heliobioma Amazonia – Orinoquia
compuestos por valles aluviales que presentan una biodiversidad
prolífica y altamente vulnerable porque dependen de los ciclos y los
circuitos del agua. Además de que altera el microclima, pone en alto
riesgo de desaparición a los dueños titulares históricamente del
territorio como son los pueblos ancestrales, guardianes del bosque y
de las comunidades campesinas, atentando con la estabilidad y
el equilibrio de los Andes por la conductividad que existe entre las
selva, las sabana y la montaña. La selva no se toca, y los derechos
fundamentales de los sujetos de derechos se respetan
¡Cárcel
para las empresas de suministros y las petroleras!!!
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